El Pleno de las Cortes regionales ha aprobado, por unanimidad, la Ley de
Medidas Excepcionales de Apoyo al Sector Empresarial de Castilla-La Mancha, que tal y como ha explicado la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Aráujo, tiene como finalidad articular el desarrollo de nuevos instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, poniendo a su disposición más recursos económicos.

En concreto, según la vicepresidenta del Gobierno regional, esta Ley pondrá a disposición de los empresarios de Castilla-La Mancha en los ejercicios 2010 y 2011, 110 millones de euros de los 146 millones previstos en el Plan Excepcional de Apoyo a las PYMES.

La Ley que se ha aprobado forma parte de un Plan Excepcional de Apoyo a las Empresas que viene a reforzar las medidas previstas en el Pacto por Castilla-La Mancha, pues “dentro del bloque de medidas de carácter coyuntural, el Pacto dedica su segundo eje al desarrollo de actuaciones destinadas a mejorar el acceso a la financiación de pymes, microempresas y autónomos”, ha puntualizado la titular de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional.

Esta Ley de Medidas Excepcionales de Apoyo al Sector Empresarial contempla, por un lado, la posibilidad de facilitar la obtención de garantías a través de “Aval Castilla-La Mancha”, y, por otro, ampliar el apoyo a las empresas que se viene prestando desde el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, “siendo ambas actuaciones las que se contienen el proyecto de Ley que se ha sometido a consideración”.

Así el Gobierno regional va a destinar 50 millones de euros durante los
ejercicios 2010 y 2011 a reforzar la capacidad operativa y la solvencia de “Aval Castilla-La Mancha SGR”. “A través del reafianzamiento, el Gobierno regional asumirá una parte del riesgo al que, en otro caso, tendría que hacer frente Aval Castilla-La Mancha, posibilitando el incremento del número de avales a conceder a las Pymes y autónomos de nuestra Región”, ha señalado Araújo, que ha puntualizado que “este reafianzamiento se realizará de forma complementaria al que de forma automática y gratuita realiza la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

Por otra parte, esta Ley prevé ampliar el patrimonio de Aval Castilla-La Mancha a través de nuevas aportaciones al Fondo de Provisión Técnica, lo que significa que pueda contar con mayores recursos para las provisiones que necesariamente tiene que realizar, y le posibilitaría, incluso, disminuir el coste del aval para las empresas que lo soliciten.

Además, se facilitará el acceso a los empresarios a los avales prestados por Aval Castilla-La Mancha con ayudas directas para reducir sensiblemente el coste de acceso a los mismos, tales como comisiones o cuota de ingreso.

Por lo que se refiere al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, la
vicepresidenta y consejera de Economía ha indicado que desde su creación ha venido realizando operaciones de intermediación financiera a favor de las empresas de la Región.

“En esta línea, proponemos reforzar con 60 millones de euros la actividad del Instituto de Finanzas mejorando su capacidad operativa e instrumental para que, ante las circunstancias excepcionales que estamos atravesando, pueda desarrollar su actividad del apoyo a las empresas a través de los instrumentos que éste ya tiene en marcha como la línea PYME-Finanzas”.